A reforma sanitaria custa vidas

Médicos do Mundo, Amnistía Internacional e Red Acoge lanzan unha cibercampaña co lema: ¡No a las reformas sanitarias que pueden costar vidas!

Os últimos trocos introducidos na lexislación sanitaria supoñen unha perda de dereitos para numerosos colectivos como os inmigrantes ou as clases máis empobrecidas, por iso estas ONG lanzan unha campaña pedindo sinaturas a prol do dereito á saúde para todas as persoas. Este é o texto explicativo:

Aisha es una mujer marroquí. Con motivo de la crisis perdió su trabajo y con ello el permiso de residencia. Le detectaron un cáncer de pecho hace dos años y medio cuando estaba embarazada. Sufrió una mastectomía y le aplicaron quimioterapia. Ahora va al médico cada dos meses. Sin tarjeta de residencia no podrá continuar su tratamiento.

Carmen es chilena y se encuentra en situación administrativa irregular. Necesita diálisis porque sus riñones sólo funcionan al 22 por ciento. Si pierde el acceso al sistema sanitario no podrá asumir el coste de la máquina de diálisis de la que depende su tratamiento.

La reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas.

La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha recomendado a España que la «reforma sanitaria adoptada no limite el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera sea su situación legal». Recomienda revisar las reformas implementadas para garantizar que todas las medidas de austeridad mantengan el nivel alcanzado de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para estos derechos.

Las Comunidades Autónomas, desde el respeto a sus competencias deben garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales, sin regresividad ni discriminación. Sin necesidad de crear un sistema sanitario paralelo en colaboración con las organizaciones sociales que no garantice el mismo nivel de calidad.

El derecho a la vida de miles de las personas depende de ello.

Fonte: www.geoscopio.net/escaparate/gmms/medicosdelmundociberaccion/formactua.cgi

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