Diversas organizacións e colectivos del estado español, sensibles á realidade colombiana, propoñen e desenvolven en espazos da solidariedade internacional a denuncia da situación que atraviesan importantes organismos e persoas adicadas á defensa dos dereitos humanos en Colombia.
Baseados en informacións das propias organizacións e persoas concernidas, como de instituciones e redes internacionais, comprobamos que existe unha campaña directa de ameazas, agresión, intimidación, desprestixio mediático e persecución violenta a persoas defensoras dos dereitos humanos en Colombia, a quen sistematicamente sinálaselles como “aliados” da insurxencia.
Estos señalamientos realizados desde hace unos años, avivados recientemente en páginas de diarios como El Tiempo, a través de columnistas insidiosos promotores de la impunidad de crímenes de Estado y del paramilitarismo, como José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño, equivalen a amenazas de muerte en el trazado de un deliberado objetivo: aislar a voces críticas comprometidas en la denuncia y judicialización de responsables de crímenes de lesa humanidad.
Actualmente se encuentran en situación de destacado peligro, entre otros, los sacerdotes Javier Giraldo, Alberto Franco y Henry Ramírez Soler, el abogado Jorge Eliécer Molano Rodríguez, así como la práctica totalidad de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre ellos los teólogos Abilio Peña y Danilo Rueda. Todos y cada uno, han estado ligados desde hace más de una década, al acompañamiento permanente de las comunidades de campesinos, afrodescendientes e indígenas en diferentes partes de Colombia, muy especialmente en la región de Urabá y Chocó, donde se han perpetrado masacres, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos e implantaciones del paramilitarismo que se ha extendido desde tiempos en que Álvaro Uribe Vélez ocupó la Gobernación de Antioquia, como en 1996, cuando fueron atacadas comunidades y pueblos de la región.
Es necesario recordar que gracias a sus acciones de búsqueda de verdad y justicia, se ha podido establecer judicialmente la responsabilidad de varios genocidas, entre ellos el ex general Rito Alejo del Río. Su actual procesamiento, más las incriminaciones que él ha efectuado, señalando a Uribe Vélez y otros; el enjuiciamiento de militares implicados en la masacre cometida contra la comunidad de San José de Apartadó en 2005, sumadas las confesiones de paramilitares y las resoluciones que ordenan la restitución de algunos territorios de los que fueron despojadas las comunidades, están en el origen de las amenazas tanto contra el sacerdote Javier Giraldo como contra el jurista Molano Rodríguez, y contra la Comisión Justicia y Paz.
Por lo anterior, exigimos al Gobierno de España, que preside actualmente la Unión Europea, requerir firmemente del Gobierno colombiano, plenas garantías de respeto a la labor de los defensores de derechos humanos que se hallan bajo amenaza. La Unión Europea debe aplicar las Directrices de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Éstas apenas han sido empleadas en pocos casos, existiendo plenas pruebas de que han existido planes de asesinato preparados desde las máximas instancias de inteligencia y seguridad del Estado, como lo evidencian las investigaciones sobre el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente del Presidente de la República), organismo desde el cual se han intervenido ilegalmente teléfonos y comunicaciones electrónicas, se han efectuado seguimientos irregulares con el propósito de cometer crímenes contra los defensores, como ya varios casos lo demuestran.
Las dimensiones de esta situación, han motivado valiosas campañas internacionales (ver por ejemplo www.colombiadefenders.org) de solidaridad con los defensores y defensoras de derechos humanos de Colombia.
En consecuencia, las organizaciones y colectivos abajo firmantes:
Solicitamos a las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos europeas dirigir comunicaciones de respaldo a las personas amenazadas y expresar su apoyo con acciones de denuncia y desagravio público.
Exigir del gobierno colombiano respeto pleno al trabajo que esas personas desempeñan a favor de la justicia y los derechos humanos.
Conminar a que la Unión Europea bajo Presidencia de España asuma como prioridad la defensa de los defensores de derechos humanos. En ese sentido debe hacer pública su exigencia al gobierno colombiano de respeto a los defensores y defensoras que se hallan en peligro, especialmente de los sacerdotes Javier Giraldo, Alberto Franco y Henry Ramírez Soler; del abogado Jorge Eliécer Molano Rodríguez, así como de la totalidad de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
COMITÉ OSCAR ROMERO DE VIGO (ESPAÑA)