La Río+20 reúne a jefes de Estado, ambientalistas y movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos. Dicha reunión corre el peligro de frustrar expectativas que a lo mejor no tenía, como punto de partida, compromisos asumidos en la Agenda 21 y acuerdos firmados en la Eco-92 y reiterados en la Conferencia de Johannesburgo en el 2010.
Hay una verdadera conspiración entre bastidores para que, en la Rio+20, se dejen a un lado los principios del desarrollo sustentable y los Objetivos del Milenio e imponer las nuevas tesis de la «economía verde”, sofisma usado para encubrir la privatización de los recursos naturales, como el agua, y la mercantilización de la naturaleza.
El enfoque de los trabajos debería estar centrado no en los derechos del capital sino en la urgencia de definir instrumentos normativos internacionales que aseguren la defensa de los derechos universales de los casi 7 mil millones de habitantes del planeta y la preservación ambiental.
Corresponde a los gobiernos reunidos en Rio priorizar los derechos de sustentabilidad, bienestar y progreso de la sociedad, entendidos como deber de garantizar a todos los ciudadanos los servicios esenciales para una mayor calidad de vida. Se hace necesario modificar los indicadores del desarrollo, teniendo en cuenta los costos ambientales, la equidad social y el desarrollo humano (IDH).
La humanidad no tendrá futuro si no cambian los modelos de producción, consumo y distribución de la riqueza. El actual paradigma capitalista, de acumulación creciente de riqueza y de producir en función del mercado y no de las necesidades sociales, nunca erradicará la miseria, la desigualdad y la destrucción del medio ambiente. Cambiar a tecnologías no contaminantes y a fuentes de energía alternativas a la fósil y a la nuclear es un imperativo prioritario. Nada más cínico que las propuestas ‘limpias’ de los países ricos del hemisferio norte, que se empeñan en culpabilizar a los países del hemisferio sur por la degradación ambiental, en un esfuerzo por ocultar su responsabilidad histórica en las actividades de sus transnacionales en países emergentes y pobres. Hay que desconfiar de todas las patentes y marcas llamadas ‘verdes’, pues aquí se oculta un nuevo mecanismo para reafirmar la dominación globocolonialista.
La hora actual requiere una convención mundial para el control de las nuevas tecnologías, basada en los principios de precaución y de evaluación participativa. Urge denunciar la programada caducidad, de modo que se pueda disponer de tecnologías que aseguren el máximo de vida útil a los productos y beneficien su reciclaje, con miras a la satisfacción de las necesidades humanas con el menor costo ambiental.
A la Rio+20 se le plantea también el desafío de condenar el control del comercio mundial por las empresas transnacionales y el papel de la OMC (Organización Mundial del Comercio) en la imposición de acuerdos que legitiman la desigualdad y la exclusión social, impidiendo el ejercicio de políticas soberanas. Tenemos derecho a un comercio internacional más justo y en consonancia con la preservación ambiental.
Sin medidas concretas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos no habrá erradicación del hambre y de la pobreza, como prevén, hasta el 2015, los Objetivos del Milenio. Debido a la crisis financiera, una parte considerable del capital especulativo se dirige ahora hacia la compra de tierras en países del sur, fomentando proyectos de explotación de recursos naturales perjudiciales para el medio ambiente y para el equilibrio de los ecosistemas.
La Rio+20 daría un paso importante si admitiera que hoy por hoy las mayores amenazas para la preservación de la especie humana y de la naturaleza son las guerras, la carrera armamentista y las políticas neocolonialistas. El uso de la energía nuclear, sea para fines pacíficos o bélicos, debiera ser considerado un crimen de lesa humanidad.
Participaré en la Cúpula de los Pueblos para reforzar la propuesta de mayor control de la publicidad comercial, de la incitación al consumismo desmedido, de la creación de falsas necesidades, especialmente cuando van dirigidas a niños y jóvenes. La educación y la ciencia deben de estar al servicio del desarrollo humano y no del mercado. Una nueva ética del consumo debe rechazar productos derivados de prácticas ecológicamente agresivas, del trabajo esclavo y de otras formas de explotación.
En fin, debiera hacerse una evaluación completa del sistema actual del manejo ambiental, que se ha demostrado incapaz de frenar la catástrofe ecológica. Un nuevo sistema, democrático y participativo, debe atacar las causas profundas de la crisis y ser capaz de plantear soluciones reales que hagan de la Tierra un hogar acogedor para las generaciones futuras.
[Traducción de J.L.Burguet]
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Fonte: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=68001